martes, 26 de mayo de 2015

MALABARISMOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ CON LAS LEYES

44 MIL ANDALUCES/AS SIN SALARIO SOCIAL

La ciudadanía en tiempos de crisis como la actual sufre en silencio y lo más grave de todo es que las instituciones públicas que pagamos con nuestros impuestos se muestran insensibles y juegan con nuestros derechos, haciendo malabarismo en complicidad con aquellas instituciones que en teoría se crearon para la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos.



Esta institución que nos queda a los ciudadanos de Andalucía se llama "defensor del pueblo andaluz" pero es solo sigla ya que esta institución defiende a los políticos que le nombraron, jugando un papel clave en marear al ciudadano desesperado en busca de la justicia social.

Llevo dos años presentado más de 80 quejas ante el "defensor de los políticos" Jesús Maeztu y a día de hoy ninguna de las quejas ha recibido una resolución favorable para el ciudadano, todas las denuncias presentadas reclaman la intervención del defensor ante la vulneración de derechos en nuestra Comunidad (renta básica, violencia en sedes policiales, corrupción e irregularidades en el mundo asociativo gitano y de inmigrantes, segregación escolar en institutos públicos, limitación del derecho a votar de los inmigrantes, ordenanzas represivas contra la pobreza de la ciudad...) denuncias ignoradas por el defensor, institución que tiene más del 80% del personal enchufado por el defensor del pueblo andaluz. 

Hoy os presentaré con detalles una de las denuncias que va en relación con la Renta Básica que regula la ley 2/1999 de 12 de mayo. 




Miles de andaluces han pedido a la Consejería de Igualdad el salario social y con la burocracia administrativa (requisitos que limitan el derecho) se ha llegado en la actualidad a un retraso brutal de la aplicación de la ley que perjudica a miles de familias desesperadas sin recursos. A día de hoy son más de 44 mil personas las que llevan más de un año esperando la ayuda y el Defensor se limita a justificar el incumplimiento de la ley protegiendo a los que le nombraron.

El Defensor sacerdote debe como ya le he indicado en el escrito, declarar el ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL y dejarse de tantas reuniones y escritos absurdos, las personas que mendigan, roban, duermen en la calle, comen en comedores sociales necesitan de HECHOS YA.

Finalmente contesta el Defensor, respuesta que esperamos desde el mes de septiembre y trata como de costumbre justificarse y reconociendo por fin aquello que reclamamos pero sin incidir en los nuevos criterios impuestos por la Junta, criterios que dejan fuera a muchas personas para que bajen las estadísticas aparcando las soluciones reales.


Ahora la Junta de Andalucía endurece aún más las condiciones de acceso a la renta mínima, pidiendo como requisito un año de padrón municipal y en el caso de las familias tener a todos sus miembros empadronas...la trampa de siempre para dejar a mucha gente fuera del derecho.

La Consejería informa que "durante la primera semana del mes de febrero se han celebrado en las ocho delegaciones territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales las primeras Comisiones de Valoración del 2015, al objeto de dar respuesta a las solicitudes pendientes de 2014".
La defensoría debe con de forma inmediata declarar el estado de emergencia social en Andalucía, exigir a la junta que elimine las nuevas condiciones de acceso que deja fuera a miles de familias ya que el artículo 5 de la ley no pone condiciones de acceso a la ayuda, al contrario hace referencia a la necesidad de garantizar una renta mínima de reinserción a las personas que la necesitan.

Tanta insensibilidad, parece que nuestras instituciones las dirigen unos "psicópatas" ya que es incomprensible e injusto el trato que se le da a miles de andaluces. Hay que seguir la lucha con el defensor y forzarle para que actúe de verdad. A mi no me van a marear con sus escritos, seguiré luchando ya que todas las andaluzas se merecen lo mínimo para vivir y nadie debe ganárselo.





  


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