viernes, 4 de mayo de 2018

Los "SinTecho" denuncian el negocio de los servicios sociales en Barcelona

Un grupo de personas sin hogar que se encontraba acampado en la plaza Cataluña de Barcelona desde enero, y que fue desalojado con motivo de la celebración de la fiesta de Sant Jordi, orienta ahora su protesta a denunciar el negocio de las empresas que gestionan los servicios del llamado 

Tercer Sector y a pedir la "remunicipalización de los servicios sociales". Cuando los dijeron que tenían que desmontar las tiendas de campaña, estas personas se reunieron en asamblea para ver el que podían hacer. Es aquí donde va a coger peso esta reclamación. Es por eso que en la carpa que han montado en plaza Catalunya se leen ahora mensajes como "Stop negocio de la pobreza". 

Las afectadas sostienen que la cronificación de su situación se debe de, entre otros motivos, a la adjudicación de la gestión de los servicios de atención a empresas y asociaciones privadas. Según denuncian, el hecho que no haya un control público total sobre los recursos genera una situación en la cual el dinero no llega a las usuarias. Señalan empresas como Acento Social, la cooperativa Sudara o fundaciones privadas como Rais, que a pesar de que, no lo niegan, hacen su tarea, reciben grandes cantidades de dinero, el reparto de los cuales no se puede fiscalizar. 

En el caso de las empresas, dicen, este reparto se lleva a cabo persiguiendo finalidades lucrativas, "hay personas que se están enriqueciendo a nuestra costa", protestan. En Barcelona, la gestión de los servicios de atención a personas sin hogar la llevan a cabo diferentes empresas, cooperativas o fundaciones que forman parte del Acuerdo Ciudadano, un acuerdo de cooperación público-privada integrado por 700 entidades (entre las cuales se encuentra el ayuntamiento). 

Estas entidades gestionan los servicios que se prestan en centros de titularidad municipal, albergues, centros de día, duchas, etcétera– a través de adjudicaciones públicas. El ayuntamiento también concierta plazas en centros residenciales privados (albergues o pensiones) para paliar la falta de plazas en centros de titularidad pública. Que el ayuntamiento no se ocupe directamente de las residencias o de los servicios de comedor provoca, según las voces críticas del colectivo de personas sin hogar, que esta atención acabe precarizandose para favorecer los beneficios privados.

Jordi, un hombre que ha vivido parte de su vida a la calle y que conoce el funcionamiento de los servicios de atención, explica que esto se ve, por ejemplo, en la calidad de la comida que sirven a las empresas de catering. "Hay una empresa que te sirve el café y en la etiqueta figura el nombre de otra empresa conocida. Cuando vas a comer a cuatro empresarios por los alimentos que te comes tú, estos no pueden ser buenos", apunta. Según datos de los Sistemas de Inserción Social (SIS) en 2017 había a la ciudad 3.383 personas sin hogar, de las cuales 1.026 dormían en la calle. El número de personas sin hogar a la ciudad de Barcelona va en aumento. Según datos de los Sistemas de Inserción Social (SES) en 2017 había a la ciudad 3.383 personas sin hogar, de las cuales 1.026 dormían en la calle, según la Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL), 415 personas vivían en asentamientos ilegales y el resto –2.006 personas– fueron alojadas en centros residenciales. Las personas sin techo se quejan que faltan plazas cuando hay albergues cerrados como el Centro de Acogida Nocturna de Emergencias (CANE) que abre tres meses en invierno o el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), que cuenta con más de 100 plazas y sólo abre cuando las temperaturas bajan de los 0 grados. Tanto el CANE como el CUESB son gestionados por la empresa Progess S.L. Ante esta situación, explica Jordi, son las ONGs como Cáritas las que acaban haciendo de paliativo, dejando dormir a las personas en iglesias como la de Santa Ana. Que se tenga que recurrir a la caridad es, negativo, según el colectivo sin hogar.

Esta situación, en la cual el ayuntamiento depende de organizaciones privadas no es nueva. Durante muchas décadas este tipo de servicios sociales no formaban parte del ámbito de actuación de la administración, eran las organizaciones privadas las que se ocupaban. Sin embargo, a pesar de que la administración ha ido haciendose cargo, esta tendencia inicial ha sido reforzada por los diferentes gobiernos municipales. El gobierno de CiU, por ejemplo, defendió durante sus años de mandato el externalizacion de servicios públicos, no sólo en el ámbito de las personas sin hogar, sino también en la sanidad o la gestión de infraestructuras. Barcelona en Comú, partido que ha pasado de combatir esta tendencia, es ahora criticado por no frenarla. 

Fuentes del ayuntamiento explican que la externalizacion es una forma de dar respuesta rápida a la cobertura de servicios que históricamente no se han cubierto. Aseguran que el equipo de gobierno, que hace poco anunciaba la apertura de tres escuelas cuna para el curso que viene, está estudiando la municipalizacion de más servicios que, en todo caso, tienen que llevarse a cabo "teniendo en cuenta la capacidad presupuestaria y la particularidad de cada servicio". En cuanto a las concesiones, aducen que es la ley de contratación pública –trasladada de una directiva europea– la que regula los concursos públicos y que por lo tanto, "el ayuntamiento no puede contratar a quien quiera". 

 Además, dicen estar trabajando también en ámbitos como el de la vivienda social porque el abordaje del sinhogarismo tiene que ser de carácter estructural. Una de las empresas que se encarga de la gestión de servicios de atención a personas sin hogar es la cooperativa Suara. Esta cooperativa, que llegó a facturar más de 70 millones de euros al año, gestiona el albergue de primera acogida de Sarriá y todo el equipamiento de Zona Franca. Suara ha sido cuestionada por sindicatos y por sus propios trabajadoras por las condiciones laborales del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), que también gestiona la entidad. Especialmente polémica es la figura de Ricard Fernández Ontiveros, director general de la cooperativa hasta el año 2015.


Varios colectivos, entre los cuales se encuentra el colectivo de personas sin hogar, han criticado que ahora Ontiveros sea gerente del área de Derechos Sociales del ayuntamiento, área de la cual depende el Instituto municipal de Servicios Sociales (IMSS), encargado de adjudicar las concesiones.

Fuentes de Suara apuntan que el questionamiento de la gestión privada es lícito, si bien sostienen que no es una opinión extendida entre las personas sin hogar con las cuales trabajan y que puede ser que no tengan una posición tan mediática. Maite Mauricio, responsable de desarrollo de servicio de Suara, explica que, a pesar de ser una entidad privada, trabajan con vocación pública. "Cuando prestes un servicio público lo haces del mismo modo que lo harías desde el sector público”, apunta. Desde la cooperativa se asegura que, como cooperativa de iniciativa social, sería contradictorio hacer el reparto de dinero con ánimo lucrativo, por eso, aseguren que el dinero se reinvierte. Sobre la situación laboral de sus trabajadoras, afirman que es cumplen los convenios y apuntan que, en todo caso, habría que debatir si estos convenios del sector social son adecuados. 

Otra de estas empresas es Acento Social. Gestiona, entre otros, el Equipamiento Integral de Ciutat Meridiana y es dependiente del grupo ACS, el máximo accionista del cual es Florentino Pérez. Esta empresa adquirió el año pasado una nueva concesión para seguir dando servicio. Dani, un trabajador del centro afiliado al sindicato CNT, apunta que la precariedad en los ámbitos de actuación de este tipos de empresas no es circunstancial. Tal como explica, se trata de empresas multiservicio que antes de 2008 se dedicaban a la construcción y que ahora se dedican a "especular con los cuidados". Según revela Dani, el compromiso de las empresas con los trabajadores no es sincero. Reflejo de esto, es el hecho que la empresa incumpliera el convenio. Dani explica que no se sustituía a los trabajadores, no había formaciones..., o que tuviera a los trabajadores dados de alta en una categoría inferior a la cual los correspondía, situación que ha sido revertida a través de la lucha sindical. Aparte de la precariedad laboral, que también afecta los usuarios, este tipo de negocios refuerza, según Dani, el asistencialismo. 

Según su razonamiento, el asistencialismo se basa a ayudar puntualmente las personas necesitadas y no dotar a estas personas de medios que pueda construir una vida independiente, que es el que ha definido tradicionalmente los servicios sociales. Una forma de concebir las prestaciones sociales, en definitiva, que crea un sistema de administraciones y usuarios dependientes.